El año pasado, el Ministerio decidió cruzar los datos que figuraban en las solicitudes de los beneficiarios, que recibieron la ayuda para el alquiler de una vivienda, con sus declaraciones de la renta, con la idea de comprobar que se ajustaban a los requisitos exigidos.
Tras detectar numerosas irregularidades, instaron a las comunidades autónomas, que en su día se encargaron de gestionar la ayuda, a notificar la infracción cometida a los afectados, con el objetivo de reclamar su reintegro.
El caso es que un joven valenciano tendrá que devolver lo 2.520 euros que recibió durante el 2008 porque sobrepasó por dos centimos el máximo de ingresos permitidos (22.000 euros brutos anuales).
El caso de este chico aunque es el más exagerado no es el único. Se han detectado 32 casos parecidos en que se supera entre 11,38 y 245,64 euros al año.
El problema de la RBE ha venido desde el principio con la regulación de los requisitos y es que en la documentación que se solicita a los demandantes tan sólo figuran las seis últimas nóminas y el contrato laboral.
A todos estos casos hay que añadir también a todos los jóvenes a quién se le ha retirado la ayuda por haber sido desdedidos y al cobrar la indemnización han superado el límite permitido anual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario